Infancia mexicana: Padres ausentes, deudores alimentarios y leyes frágiles

Arlette Orduño5 julio, 2023

 

Los Mochis, Sinaloa.-  En Sinaloa en lo que va del 2023 el Supremo Tribunal de Justicia  registran más de 800 denuncias por pensiones a menores. En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de estas obligaciones de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

Lo anterior son cifras en las que se cuenta poco del sinfín de obstáculos económicos, legales y emocionales que las exparejas –y menores- enfrentan en busca del cumplimiento de los derechos básicos y naturales de sus infantes.

Tal es el caso de Paola ‘C’ quien desde el 2015, a meses del nacimiento de su hijo,  inició el proceso de demanda por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia (1156-2015) que después de 8 años es una historia que suma el reflejo –de historias de más mujeres- de padres ausentes, deudores alimentarios y leyes frágiles en Sinaloa y México.

 La Historia: Padre ausente

Paola ‘C’ y Roberto ‘O’ se conocieron compartiendo el interés por el béisbol y quienes al tiempo se convertirían en padres, en octubre de 2014; sin embargo, por un parto de emergencia la madre enfrentó este proceso solamente acompañada de la familias de ambos; sin embargo, era el inicio de lo que a los pocos meses se convertiría en una demanda por paternidad y alimentos ante la ausencia del padre.

Después de meses de que Paola vivió solo con los padres de Roberto y con casi nula convivencia con su familia a petición del padre su hijo, pide irse con su familia, acción que señala la afectada significó el inicio de un caminar que aún no finaliza.

«Llegué por mis cosas, ropa y todo me lo tenías en bolsas negras; mi ropa, cosas, zapatos, mis pertenencias; al niño no le dieron absolutamente nada, yo llegué a la casa de mis papás con lo que traía en la pañalera; no le dieron ni lo que yo le había comprado, carriola, nada. De ahí ya no tuve comunicación con ninguno, se desaparecieron, no supe del papá hasta que metí  la demanda en el 2015».

A los cinco meses del pequeño, es decir en el 2015,  ya se iniciaba una demanda por paternidad que fue resuelta hasta el 2021, es decir, casi 6 años después de su nacimiento.

«Me buscaron por reclamo a la demanda  y yo le dije que el niño no tenía una identidad; él nunca fue como que <ven, vamos a reconocer al niño>, le pondré mi apellido, no se prestó para eso; la única manera que el niño pudiera tener el apellido era demandando”, recuerda.

Leyes Frágiles

Pero en Sinaloa y México no es tan simple iniciar un proceso legal para exigir el cumplimiento de obligaciones y derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, al menos, no para muchas mujeres quienes cuentan que se enfrentan a diversos obstáculos durante el proceso.

Paola, en primera instancia, fue juzgada, venció el temor de dar el paso que significara una mejor condición para su hijo pero el costo emocional aún se paga para ambos.

«Emocionalmente fue terrible, así como hubo gente que me apoyó o que me decía no lo hagas, no lo necesitas, tú puedes sola, y quizá sí pero no es lo que se supone debe ser; es un derecho de los niños tener identidad».

El siguiente hecho fue lo económico y en su experiencia explica que esto es significativo para agilizar los procesos: «Tener un proceso económico de tener una demanda es muy caro y durante todo ese proceso y hasta la fecha todas las autoridades aquí no te apoyan. Cuando esa persona tiene la manera, tiene el dinero, los contactos; es muy difícil que las autoridades de aquí te echen la mano», explicó.

Lo anterior se ha reflejado en procesos lentos, pérdidas de documentos y  expedientes; así como aparente falta de transparencia entre las autoridades involucradas.

«Tampoco el ministerio público me ha ayudado, no mueven las carpetas, no sé si haya un tráfico de influencias, intereses personales, la juez Elizabeth Miranda Castro  no está velando por los derechos de mi hijo, es una falta gravísima».

Aunque el padre del menor es una figura pública; desde el 2015 a la fecha ha sido imposible establecer la pensión alimenticia debido a la falta de información sobre los ingresos del padre. De manera provisional solo fue asignado un monto estimado.

“El hombre es una persona pública y hasta la fecha no puedo comprobarle a él los ingresos. Yo no puedo por medio de consulados, por medio de relaciones exteriores sacar contratos de èl y la juez del juzgado primero familiar, con la Juez Elizabeth Miranda Castro, ella tiene la capacidad de obligarlo a que presente contratos, pero no sucede”.

Actualmente, Paola fue citada ante la denuncia en su contra por supuesto delito de desacato, ya que el menor se negó a salir de la ciudad con sus abuelos paternos,  del 01 al 09 de abril, para trasladarlo con su padre; sin embargo, el Juez de Control desde sus atribuciones reclasificó el delito y ahora enfrenta supuesta retención del menor;  este hecho la ha llevado a audiencia dos veces en tan solo una semana.

«En otra ocasión, este mismo año se lo quisieron llevar en enero a Mazatlán con el papá, fueron de un día a otro a llevarlo y diciendo que si no se iba me iban a meter  a la cárcel, lo que alteró a mi hijo”.

Paola sabe que esta historia aún no finaliza y  lamenta que su caso sea uno de muchos más que viven madres en Sinaloa y México donde los derechos y obligaciones de las infancias parecen mantenerse frágiles a pesar de las leyes, reformas que día a día se pregonan y publican.

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