Esta semana, más de un millón de docentes de educación básica fueron convocados a opinar sobre algo que hasta ahora se había decidido casi siempre sin ellos, el uso de celulares dentro del salón de clases. La consulta llega justo antes del regreso a clases, en un momento en que dieciocho estados ya cuentan con alguna forma de regulación y el gobierno federal explora una política de alcance nacional. El ejercicio tiene un mérito que conviene subrayar, por primera vez la voz de quien está frente a grupo pesa en una decisión que suele tomarse desde los escritorios de la administración pública. Pero también deja abierta una pregunta que la consulta, tal como está planteada, no alcanza a resolver, la de qué papel tiene la niñez misma en esta conversación sobre su propia protección.

Hablar de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a las pantallas es necesario y urgente. La evidencia sobre los riesgos de la exposición temprana y sostenida a los dispositivos digitales, desde la fragmentación de la atención hasta el acceso a contenido no solicitado, ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en una preocupación compartida por familias, docentes y autoridades. En ese sentido, la consulta de la Secretaría de Educación Pública responde a algo real. El problema no está en la intención de proteger, sino en el riesgo de que la protección se piense únicamente como restricción, como una frontera que se traza desde afuera de la niñez y no como un derecho que también se construye con ella.

La diferencia importa porque la educación, entendida como derecho, no puede reducirse a la prohibición de un objeto. Prohibir el celular en el aula puede ser una medida razonable y hasta necesaria, pero no es, por sí sola, una respuesta educativa. Lo educativo ocurre cuando esa restricción viene acompañada de una formación que permita a niñas, niños y adolescentes entender por qué existe, qué protege y qué relación quieren construir con la tecnología cuando estén fuera del aula, donde ninguna regla escolar los alcanza. Sin ese acompañamiento formativo, la medida corre el riesgo de quedarse en la superficie del problema, resolviendo el síntoma dentro del salón mientras el fenómeno de fondo, la manera en que las plataformas digitales capturan la atención y exponen a la niñez a contenidos que no buscó, sigue intacto en cualquier otro espacio de su vida cotidiana.

Aquí es donde vale la pena insistir en una idea que atraviesa buena parte de las discusiones sobre educación y derechos, la de que la niñez no es únicamente objeto de protección sino también sujeto de opinión. Las consultas que se están realizando incluyen a docentes y, se ha anunciado, próximamente a madres y padres de familia. Falta, sin embargo, un espacio explícito para que niñas, niños y adolescentes participen en la conversación sobre cómo quieren relacionarse con las pantallas dentro y fuera de la escuela. No se trata de trasladarles una responsabilidad que no les corresponde, sino de reconocer que las decisiones que más los afectan suelen tomarse mejor cuando ellos también son escuchados, aunque sea de manera acotada a su edad y con el acompañamiento adecuado.

Pensar la protección de la niñez frente a las pantallas como una conversación abierta, y no como un decreto cerrado, tiene además una ventaja práctica. Las políticas que se construyen con la participación de quienes las viven suelen sostenerse mejor en el tiempo que las que se imponen desde arriba. Si la consulta docente logra convertirse en el primer paso de un proceso más amplio, que incluya después a las familias y encuentre también la manera de escuchar a la niñez, la política que resulte podría ser mucho más que una regla sobre celulares. Podría convertirse en una oportunidad real para que la escuela enseñe, con el ejemplo de su propio método, que proteger un derecho y dialogar sobre él no son caminos opuestos, sino la misma tarea vista desde dos costados necesarios.