El 84 por ciento de las personas consultadas en una reciente encuesta de Enkoll considera que internet y las redes sociales son espacios inseguros para niñas, niños y adolescentes. El dato permite abrir una discusión que ya no puede reducirse al tiempo frente a una pantalla. La pregunta central es quién debe asumir la responsabilidad de proteger a los menores en entornos digitales.

Las preocupaciones son conocidas. Contacto con desconocidos, ciberacoso, contenidos violentos, exposición de información personal y uso excesivo de las plataformas forman parte de los riesgos señalados con mayor frecuencia. Frente a ello, limitar horarios o retirar un teléfono puede ayudar en ciertos casos, aunque resulta insuficiente ante una generación que estudia, se informa, convive y se entretiene dentro de espacios digitales.

La responsabilidad tampoco puede recaer por completo en las familias. Pedir a madres y padres que conozcan cada plataforma, tendencia, algoritmo, videojuego o aplicación supone enfrentar de manera individual un entorno diseñado y administrado por empresas con una enorme capacidad tecnológica. Las plataformas conocen hábitos de consumo, tiempo de permanencia, preferencias y comportamientos de sus usuarios. Esa capacidad también debe traducirse en obligaciones.

El Estado tiene otra parte de la tarea. Regular implica establecer condiciones para proteger derechos, exigir mecanismos adecuados para menores, atender formas de violencia digital y definir responsabilidades para quienes administran estos espacios. El desafío consiste en construir reglas que protejan a niñas, niños y adolescentes sin convertir esa protección en una vía para restringir derechos o libertades.

La educación también ocupa un lugar importante. Durante años se habló de enseñar a utilizar dispositivos y herramientas digitales. Hoy eso resulta insuficiente. La ciudadanía digital exige saber proteger datos personales, reconocer riesgos, identificar contenidos manipulados, verificar información, pedir ayuda y comprender que una acción realizada en internet puede tener consecuencias fuera de la pantalla.

La encuesta también muestra que no existe una respuesta única sobre quién debe hacerse cargo. Parte de las personas consultadas señala al Gobierno, otra parte a las empresas tecnológicas y un grupo importante considera que la responsabilidad debe ser compartida. Esa distribución resulta lógica porque ningún actor puede resolver por sí mismo un problema que atraviesa la vida familiar, escolar, social y tecnológica.

Proteger a los menores en internet requiere corresponsabilidad. Familias, escuelas, gobiernos y empresas tienen funciones distintas, pero todas forman parte del mismo entorno. La discusión ya no debería centrarse únicamente en cuánto tiempo pasan niñas, niños y adolescentes frente a una pantalla, sino en qué condiciones lo hacen, qué derechos están en juego y qué herramientas les estamos dando para ejercer una ciudadanía digital más responsable.