Colaboración: Paola Valle
México.- La Asamblea General de las Naciones Unidas designó formalmente el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. La resolución busca visibilizar la labor de las defensoras de derechos humanos en un momento marcado por recurrentes agresiones contra colectivos en el país, con una incidencia particular en Sinaloa, donde las activistas señalan la falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades.
El acuerdo nternacional se emite en un contexto marcado por el incremento de agresiones contra integrantes de colectivos que realizan labores de búsqueda ante la falta de avances oficiales. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la violencia contra estas mujeres persiste en un marco de alta impunidad en el país.
Durante los últimos meses sólo en Sinaloa ha sido escenario de una escalada implacable contra las activistas. El pasado 29 de agosto se reportó la desaparición de la activista Elisa Altagracia Bonilla. Menos de 72 horas después, Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, sufrió un atentado mientras se desplazaba junto a su hija y dos menores de edad.
La embestida contra las defensoras no terminó ahí. El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán. Este colectivo arrastra una estela de agresiones mortales: en 2026 fue asesinada su integrante Rubí Gómez-Tagle, y en octubre de 2025 se registró la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela.
Expertos independientes del organismo internacional remarcaron que el Estado mexicano continúa fallando de manera sistemática en sus obligaciones de protección. Subrayaron que la búsqueda e investigación son responsabilidades del Gobierno que no pueden transferirse a las familias ni recaer sobre los hombros de las madres y familiares.
Especialistas e instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recuerdan que existe un deber reforzado de protección hacia las defensoras, dado que la violencia ejercida en su contra carga con un componente directo de género que busca castigarlas por tomar el espacio público y desafiar el statu quo. Ante esto, la ONU exhortó a México a realizar un reconocimiento público y efectivo a la labor de las buscadoras y adoptar de inmediato las garantías necesarias para salvaguardar sus vidas.
