Colaboración: Cinthia Gaxiola
México.- En el municipio de Lerdo, Durango, se desarrolla actualmente la construcción de la planta de fertilizantes Fermachem, ubicada en el ejido Sapioriz. El proyecto, que contempla una inversión de 28 mil millones de pesos, es promovido por autoridades estatales y municipales como una de las mayores apuestas industriales de la entidad para la producción de urea destinada al sector agrícola. Sin embargo, desde el inicio de las obras, el pasado 8 de junio, enfrenta un creciente rechazo social por preocupaciones ambientales y señalamientos de falta de transparencia.
La inconformidad surge por las diferencias entre el discurso oficial y la información técnica del proyecto. Mientras autoridades aseguran que la planta será de bajo riesgo al enfocarse en la producción de urea, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Semarnat establece que para fabricar este fertilizante será necesario procesar amoniaco a gran escala, una sustancia considerada altamente tóxica y corrosiva.
Otro de los puntos que ha generado preocupación es el uso del agua. Aunque el municipio sostiene que la operación se realizará con aguas tratadas, el documento técnico contempla la extracción de agua de pozos como medida de respaldo. En una región como La Laguna, afectada por la sobreexplotación de acuíferos, esta posibilidad ha despertado inquietud entre habitantes y organizaciones civiles.
Las autoridades destaca el impacto económico del proyecto, con la promesa de generar alrededor de tres mil empleos durante la construcción y 250 permanentes una vez que entre en operación. No obstante, habitantes de Sapioriz señalan que la información difundida se ha centrado en los beneficios económicos, dejando de lado los posibles impactos ambientales.
El descontento derivó en movilizaciones ciudadanas. Una petición para cancelar el proyecto supera las 79 mil firmas y recientemente cientos de personas marcharon en Lerdo bajo el lema “Aquí Tampoco”, exigiendo mayor transparencia y participación en la toma de decisiones.
La falta de diálogo también profundiza la controversia. Organizaciones civiles cuestionan las versiones oficiales sobre presuntas consultas previas, mientras ciudadanos insisten en que las decisiones sobre el proyecto deben discutirse de manera pública e incluyente.
