Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado aprobó por unanimidad que nueve iniciativas continúen su trámite legislativo, al considerar que cumplen con los requisitos legales, mientras que una propuesta fue desechada por contravenir disposiciones constitucionales.
Entre los proyectos que avanzarán destaca la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya para expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, con el propósito de fortalecer el derecho ciudadano a la información, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la legislación federal en la materia.
También seguirá su curso una propuesta impulsada por los grupos parlamentarios del PRI y PAN, junto con ciudadanos, para crear la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial, enfocada en preparar al estado ante desastres naturales, hechos violentos y situaciones que afecten la estabilidad económica y social.
Otra de las iniciativas plantea subsidios al transporte público para estudiantes de escuelas públicas, personas con discapacidad y adultos mayores, esta propuesta fue presentada por ciudadanos y busca reducir el impacto económico de los traslados diarios.
Además, legisladores del PVEM promovieron reformas en materia de atención a víctimas, vivienda adecuada y prohibición de reelección consecutiva para síndicos y comisarios municipales.
Por su parte, una diputada de Morena propuso modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para exigir garantías financieras en desarrollos habitacionales, con el fin de proteger a compradores y asegurar el cumplimiento de obras.
La comisión también determinó desechar una iniciativa ciudadana que buscaba crear otra Ley de Transparencia estatal, al considerar que invade facultades definidas en la Constitución federal sobre las autoridades garantes del acceso a la información y protección de datos personales.
Con esta decisión, las nueve propuestas aprobadas pasarán a las siguientes etapas del proceso legislativo para su análisis y eventual votación en el pleno.
