Culiacán, Sinaloa.- Maestros y personal administrativo del movimiento en defensa de la autonomía de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el rector Pedro Flores Leal y el vicerrector de Administración y Finanzas, José Luis Castillo Martínez, por presunto manejo irregular de recursos públicos federales.

De acuerdo con, Marco César Ojeda, integrante del colectivo, se trata de la presunta entrega de casi dos millones de pesos del presupuesto universitario en favor de la exrectora Sylvia Paz Díaz Camacho, pese a que según documentos oficiales emitidos por la propia UAdeO, no existe nombramiento que acredite una relación laboral legal con la universidad.

“Hay un desvío ilegal de casi 2 millones de pesos del presupuesto de la universidad en favor de la doctora Sylvia Paz Diaz Camacho, a quien se le destina dinero del presupuesto sin tener una relación laboral, el 19 de marzo de 2025, y el 11 de diciembre de 2025, la Uadeo entregó por mandato de ley dos oficios en los que declara oficialmente que no existe ningún nombramiento como docente de la universidad, ahora el rector Pedro Flores fue abordado por unos periodistas que le preguntaron sobre esta denuncia, y para sorpresa de todos, ahora respondió que sí existe el nombramiento de la exrectora, como profesora de tiempo completo, ahora estoy diciendo todo lo contrario”

Agregó que el actual rector Pedro Flores Leal declaró públicamente que dicho nombramiento habría sido otorgado en 2018 por el Consejo Universitario; sin embargo los docentes universitarios calificaron esta versión como falsa y carente de sustento legal, al señalar que la Ley Orgánica de la UAdeO no faculta al Consejo Universitario para expedir nombramientos académicos, ni permite que el rector se autoasigne cargos.

Añadieron que no existe acta, orden del día ni documento oficial que respalde la supuesta sesión del Consejo Universitario en la que se habría aprobado dicho nombramiento, lo que, a su juicio, evidencia contradicciones entre la información entregada por la universidad vía transparencia y las declaraciones públicas de sus autoridades.

Por su parte, Alfonso Páez Álvarez, docente de la Universidad Regional Los Mochis, añadió que, de sostenerse estas versiones ante la ASF, los funcionarios señalados podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales, incluyendo el delito de falso testimonio.

“Eso es como una aberración jurídica, esto es una facultad personal que normalmente las universidades se le confiere a la máxima autoridad personal, que es el rector, quien puede firmar este nombramiento y que en su momento ninguna acta del Consejo académico universitario tuvo un punto en el orden del día de que el se aprobara un nombramiento a ninguna persona”.

Por lo que solicitó que la Auditoría investigue los hechos, determine responsabilidades y, en su caso, ordene la restitución de los recursos públicos presuntamente ejercidos sin sustento legal.