Colaboración: Grecia Sánchez

Los hechos recientes entre Venezuela y Estados Unidos han vuelto a tensar una relación marcada por años de desencuentros. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el intercambio de mensajes, sanciones y posicionamientos internacionales reactiva un debate que va más allá de la coyuntura y obliga a mirar el fondo del problema sin simplificaciones.

Desde lo correcto, el derecho internacional establece principios claros. El respeto a la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos deberían guiar cualquier relación entre Estados. En ese marco, las diferencias políticas tendrían que procesarse por vías diplomáticas, multilaterales y con apego a la legalidad.

Desde lo ideal, actores como Estados Unidos y la comunidad internacional aspirarían a promover la democracia y los derechos humanos con coherencia y sin criterios selectivos. El ideal supone soluciones políticas sostenibles y decisiones que no agraven las condiciones de vida de la población civil, más allá de intereses estratégicos o electorales.

La realidad, sin embargo, se mueve en otro terreno. Las sanciones, la presión diplomática y los cálculos geopolíticos forman parte de una lógica donde pesan la seguridad regional, la migración, la energía y la influencia política. En medio de esa disputa, Venezuela enfrenta una crisis interna prolongada y su población sigue siendo la principal afectada por decisiones que se toman dentro y fuera de sus fronteras.

Entre cómo deberían ser las cosas y cómo realmente operan, existe un espacio que no puede ignorarse. Ahí entra el papel de la ciudadanía, no solo venezolana, sino regional. Informarse, no normalizar los abusos, exigir coherencia a los propios gobiernos y entender que la defensa de la democracia no es selectiva ni conveniente según el momento.

La distancia entre el deber ser y lo que ocurre no se acorta con consignas, sino con ciudadanía crítica, informada y activa.