Durante años convivimos con un colorante que teñía de rojo brillante golosinas, cereales, helados y bebidas sin que la mayoría supiera qué era ni de dónde venía. Se llamaba eritrosina, aunque en los empaques aparecía con nombres que poco decían al comprador común. Ahora la autoridad sanitaria decidió retirarlo del universo de alimentos y bebidas del país, y la industria tendrá un plazo para reformular sus productos y ajustar lo que ofrece en los estantes. La noticia se cuenta como un cambio en la formulación de ciertos productos, pero debajo de ese dato late una pregunta más grande que interpela directamente a la educación.

La pregunta es quién sabía y quién no sabía qué estábamos consumiendo todo este tiempo. El colorante siempre estuvo declarado en algún lugar del empaque, escrito con la letra pequeña de una lista de ingredientes que casi nadie lee y que muy pocos sabrían interpretar aunque la leyeran. Ese es el punto que conviene mirar de frente. No basta con que la información exista si las personas carecen de las herramientas para comprenderla. Un derecho que no se puede ejercer termina siendo apenas nominal, y el derecho a saber qué llevamos a la boca pertenece a esa categoría de garantías que se vuelven reales cuando alguien enseña a hacerlas valer.

Aquí la educación tiene una tarea que suele quedar fuera de los programas y que resulta decisiva para la vida cotidiana. Formar a una persona capaz de leer una etiqueta, de reconocer qué significan esos nombres extraños, de preguntarse por qué un producto tiene el color que tiene, es formar a alguien que puede cuidarse y cuidar a los suyos con criterio propio. No hace falta convertir a nadie en experto en química para lograrlo. Basta con cultivar una alfabetización básica sobre el consumo, esa capacidad de mirar lo que compramos con preguntas en lugar de aceptarlo sin más. Cuando la escuela enseña a interrogar una etiqueta, enseña algo más hondo que un contenido, enseña que tenemos derecho a saber y que ese saber se puede ejercer.

El episodio del colorante muestra además que las reglas sobre lo que consumimos no son fijas ni definitivas, sino que cambian conforme avanza el conocimiento y se revisa la evidencia. Esa es una lección valiosa para la formación ciudadana, porque enseña que las decisiones sobre nuestra salud colectiva se construyen, se discuten y se corrigen con el tiempo. Una ciudadanía formada para entender esos procesos no espera de manera pasiva a que alguien decida por ella, participa, pregunta y exige información precisa. La educación puede acompañar esa transformación mostrando que detrás de cada producto hay decisiones que nos afectan y que tenemos todo el derecho a comprender.

Conviene entonces tomar este cambio como una oportunidad para pensar en grande. Si logramos que las nuevas generaciones crezcan sabiendo leer lo que consumen, preguntándose por su origen y comprendiendo que la información sobre su salud les pertenece, habremos formado ciudadanos más libres y más capaces de decidir. La salida de un colorante es un detalle en la vida de un país, pero la capacidad de entender lo que ese detalle significa acompaña a la persona toda la vida. Ahí tiene la educación una invitación, la de convertir el derecho a saber en un saber efectivo que nos haga más dueños de nuestras propias decisiones.