Internacional.- La Asamblea General aprobó una nueva resolución contra las sanciones de Estados Unidos, pero con 130 votos a favor, frente a los 165 del año pasado. El cambio en el voto de varios países latinoamericanos y el cruce de acusaciones entre Washington y La Habana marcaron el debate.

La votación anual contra el embargo estadounidense a Cuba dejó este año una señal de cambio en Naciones Unidas. Aunque la Asamblea General volvió a pronunciarse a favor de poner fin a las restricciones que Washington mantiene sobre la isla desde 1960, la resolución obtuvo su menor respaldo en dos décadas: 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La cifra contrasta con la del año pasado, cuando 165 países respaldaron el documento, siete votaron en contra y 12 se abstuvieron. Se trata de la trigésima cuarta ocasión en que la Asamblea General aborda el tema y pide el levantamiento de las medidas económicas contra Cuba.

Uno de los cambios más visibles se produjo en América Latina. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay votaron en contra de la resolución, mientras que Chile, República Dominicana, Honduras y Perú optaron por abstenerse. Estas posiciones contribuyeron a modificar el mapa de apoyos que durante años había acompañado la iniciativa cubana.

El resultado contrasta con el respaldo casi unánime que la resolución alcanzó en 2015 y 2017, cuando recibió 191 votos favorables y solo dos en contra, durante el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba impulsado por el entonces presidente Barack Obama.
Un año antes, en 2016, Washington se había abstenido por primera vez, en un momento de distensión diplomática entre ambos países. Sin embargo, las medidas estadounidenses comenzaron a endurecerse nuevamente desde 2017.

La resolución presentada por Cuba sostiene que el embargo afecta su desarrollo económico y vulnera principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la libertad de comercio y navegación.

También cuestiona el alcance extraterritorial de leyes estadounidenses, en particular la Ley Helms-Burton de 1996, que contempla medidas capaces de afectar a empresas y ciudadanos de otros países que mantienen relaciones comerciales con la isla.

El documento pide a los Estados evitar la aplicación de disposiciones de esa naturaleza y exhorta a aquellos que cuentan con leyes similares a derogarlas o dejarlas sin efecto. Además, solicita al secretario general de la ONU un informe sobre el cumplimiento de estas recomendaciones y su relación con el derecho internacional.

El debate volvió a exponer la distancia entre las explicaciones de ambos gobiernos sobre la crisis cubana. El representante de Estados Unidos, Mike Waltz, rechazó que las restricciones comerciales constituyan un bloqueo y responsabilizó al Gobierno de la isla por el deterioro de las condiciones económicas.
“No hay bloqueo”, afirmó ante la Asamblea General.

Para respaldar su postura, Waltz señaló que Estados Unidos mantiene intercambios comerciales con Cuba y cifró en más de 876 millones de dólares las exportaciones estadounidenses a la isla durante ocho meses de 2026. También mencionó los vínculos comerciales cubanos con Canadá, España, México, China, Rusia y la Unión Europea.

El representante sostuvo que los problemas del país no se explican por la falta de riqueza, sino por la manera en que esta se distribuye, y acusó a las élites gobernantes de concentrar los recursos económicos. Con ese argumento, pidió a los Estados miembros votar en contra de la resolución.

La delegación cubana rechazó esa interpretación. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla defendió que las restricciones estadounidenses tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana y los servicios públicos, especialmente en un momento en que la crisis energética agrava las dificultades de la isla.

Durante su intervención, Rodríguez Parrilla presentó una estimación del costo económico del embargo y aseguró que las pérdidas acumuladas durante el tiempo transcurrido desde el inicio del debate ascendían a 22.9 millones de dólares.

El ministro puso especial énfasis en las afectaciones al sistema sanitario. Según denunció, las restricciones dificultan el acceso a medicamentos y equipos, al tiempo que han provocado demoras o cancelaciones de intervenciones quirúrgicas.

También señaló obstáculos para importar determinados tratamientos contra el cáncer y para comercializar en el exterior medicamentos desarrollados en Cuba contra enfermedades como el Alzheimer y otras formas de demencia.

El canciller cuestionó, además, los argumentos de Washington sobre la situación política cubana y defendió que su país pueda desarrollar sus relaciones económicas sin las restricciones impuestas por Estados Unidos.

“Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz (…) Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, declaró al concluir su intervención.

La nueva votación mantiene la presión diplomática de la Asamblea General sobre Washington, pero no implica que el embargo vaya a desaparecer. La resolución expresa la posición mayoritaria de los países miembros, aunque no tiene por sí misma el efecto de levantar las restricciones estadounidenses.

El menor número de votos favorables también introduce un elemento nuevo en una disputa que durante años reunió un apoyo internacional mucho más amplio. Mientras Cuba insiste en que el embargo agrava su crisis económica y humanitaria, Estados Unidos sostiene que las dificultades de la isla responden principalmente a las decisiones de sus autoridades.

Por ahora, la votación vuelve a dejar constancia de un desacuerdo que persiste desde hace décadas: la mayoría de la Asamblea pide poner fin a las sanciones, pero la política estadounidense hacia Cuba continúa sin cambios inmediatos.