La Ley de Extinción de Dominio da herramientas al Gobierno Federal para investigar y castigar por corrupción a funcionarios de pasadas y presentes administraciones, crimen organizado y particulares.
Los imputados deben comprobar que su riqueza se obtuvo de forma legítima, son responsables del uso ilegal de su propiedad por terceros y el gobierno puede hasta vender propiedades o hacer uso del dinero, incluso si no hay una sentencia definitiva.