Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el dictamen que expide una nueva ley de la Fiscalía General de la República busca actualizar el marco normativo y garantizar la autonomía constitucional de la dependencia.

Con esta, se establece una estructura orgánica funcional, acorde a las atribuciones especializadas que constitucionalmente se encomiendan al Ministerio Público de la Federación, en lugar de una estructura rígida que no corresponde con las necesidades para operación institucional.

Monreal Ávila señaló que, mediante un proceso plural de trabajo legislativo y con la participación de sectores interesados, se atendieron los reclamos de las víctimas y las preocupaciones de la sociedad.

Indicó que la FGR quedará establecida como un órgano autónomo, que abanderará la verdad y la justicia. La reparación integral y la no repetición, en su conjunto, van a redundar en el máximo bienestar que el país requiere, añadió.

¿Qué contempla la nueva ley de la FGR?

Los cambios en la reforma especifican que la Fiscalía participará, con pleno respeto a su autonomía, en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Asimismo, incluye su participación en los sistemas nacionales de Búsqueda de Personas y de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La adenda también contempla la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual estará encargada de la investigación y persecución de estos los delitos en el orden federal.

Dota al Ministerio Público de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos. Con ellos, podrá intervenir en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como solicitar la reparación del daño, la extinción de dominio y salvaguardar los derechos de la defensa, de conformidad con esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Además, precisa los alcances de la intervención de los elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de la investigación penal; establece una estructura orgánica funcional, que atienda a la realidad de la Institución y las necesidades de la procuración de justicia a nivel federal.

También delimita los alcances y el ámbito de actuación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

El proyecto de decreto también estipula que el Instituto Nacional de Ciencias Penales sea un órgano dentro del ámbito de la Fiscalía General; fortalece las facultades del titular de la FGR e incluye la obligación de comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso y remitir, anualmente un informe de actividades.

Define un nuevo esquema de Unidades Especializadas, que permita a éstas enfocar sus funciones de manera ágil y funcional, sin trabas burocráticas o barreras que responden a una realidad pasada y anacrónica.

La ley también faculta a la FGR a remitir al Congreso de la Unión su postura institucional sobre iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia.

Incluye un sistema de evaluación de resultados, que permita un mejor diagnóstico de las funciones que desarrolla la Fiscalía y pueda ajustar eficientemente aquellas que lo requieran.

El dictamen considera la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que determine las estrategias para la investigación y persecución del delito, bajo criterios objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo.