Colaboración: Paola Valle
Los Mochis, Sinaloa.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este jueves la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se busca homologar la tipificación de este delito en todo el país y fortalecer los mecanismos para su investigación.

La propuesta busca homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades del país, fortalecer los procesos de investigación y endurecer las sanciones contra quienes cometan este delito, con penas que podrían alcanzar hasta 70 años de prisión.

Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria señaló que el objetivo es combatir el feminicidio mediante acciones de prevención, educación, igualdad y combate a la impunidad.

“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio”, explicó.

En la exposición de motivos, la iniciativa reconoce que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado mexicano es la debilidad en los procesos deinvestigación criminal, debido a la frecuente clasificación incorrecta de los casos, la pérdida de indicios, la falta de análisis de contexto y la ausenciade perspectiva de género.

Actualmente, las legislaciones de las 32 entidades federativas regulan de manera distinta el delito de feminicidio, así como sus agravantes y sanciones, por lo que la propuesta pretende establecer un tipo penal homologado en todo el territorio nacional.

Entre los principales cambios que contempla la iniciativa se encuentra impedir que los casos sean clasificados inicialmente como homicidio o suicidio cuando existan elementos para investigarlos como feminicidio.

Además, el delito sería imprescriptible y se establecerían diez razones de género para su acreditación, entre ellas la existencia de signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra lavíctima, que el crimen haya sido motivado porestereotipos o prejuicios de género, así como contextos de asimetría de poder, entre otros.

La propuesta también plantea penas de entre 50 a 70 años de prisión para los responsables y establece 19 agravantes que incrementarían la sanción hasta en una mitad.

Entre ellas se encuentran que la víctima esté embarazada o viva con alguna discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante; que el delito sea cometido por una persona servidora pública, o que la víctima presente lesiones derivadas de ataques con ácido o sustancias inflamables.